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viernes, febrero 22, 2008

POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DEL EXTINTO INP.

En Fecha 15 de Febrero de este año 2008, recibimos un grupo de trabajadores del extinto Instituto Nacional de Puertos de Venezuela (INP) una carta-respuesta de parte de la Procuraduría General de la República, a nuestra petición –hecha el 17 de Enero de 2008- para que nos suministraran copia del Dictamen de consulta hecho por el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura a la mencionada procuraduría y que ésta nos niega. Ello, en ocasión (como se sabe) al reclamo por pago de pasivos laborales, que desde hace casi 17 años hacemos al Estado venezolano, por habernos despedido de nuestros puestos de trabajo sin ninguna razón ni fundamento legal en el año 1991. Ante la negativa del ente jurídico de la nación y, por los alegatos esgrimidos por éste así como, las recomendaciones hechas. Nosotros redactamos el documento abajo ofrecido y el cual, publicamos en esta página para consumo de los interesados y personas en general. Cualquier recomendación, sugerencia o simple comentario, agradezco que lo hagan suministrando su dirección de correo electrónico ya que, es la única forma de entablar un diálogo conveniente a nuestros intereses y contribuir también en el proceso de aprendizaje de todos.

Vargas, 22 de Febrero de 2008

POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS DEL EXTINTO INP, ANTE LA RESPUESTA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) Y EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUTURA (MINFRA).

El día 15 de Febrero del presente año, el Abogado Daniel Alonzo Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, expresa (en respuesta escrita de fecha 15/02/008, número 000155 a oficio nuestro solicitándole copia del DICTAMEN al Minfra acerca del pago de pasivos laborales a propósito de la supresión del Instituto Nacional de Puertos INP, en el año 1991) que no es posible suministrarnos copia del pronunciamiento pues, esto afectaría “el ejercicio de las atribuciones de la institución”. En este sentido, no sabemos de qué modo se podría lesionar las actividades de la PGR. Sin embargo, entendemos que como institución jurídica cuyo único cliente es el Estado, por lógica la Procuraduría no debe revelar el contenido de sus opiniones en casos que involucren intereses nacionales.

Ahora bien, en los dos últimos párrafos de la mencionada comunicación, el abogado Alonzo reconoce la misión de la PGR en cuanto al asesoramiento que en materia jurídica está obligada a ofrecer a los órganos del poder público, quedando a discreción de estas instituciones nacionales de gobierno (según expresa) adoptar o no dichas recomendaciones y que, si estos organismos no se pronuncian “mal puede esta institución (Procuraduría) difundir el referido dictamen.” Y en el último párrafo, nos sugiere que nos dirijamos al Minfra “quien, de considerarlo pertinente, puede facilitar copia de la opinión emitida por esta Procuraduría General de la República con ocasión de los reclamos efectuados por los extrabajadores del Instituto Nacional de Puertos, INP”. Es decir, de acuerdo a lo expresado por el Gerente General de Litigios de la PGR, el Minfra goza del derecho a tomar o no en cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría e igualmente, le da la potestad a este ministerio de darnos o no la copia del fulano DICTAMEN.

Vale decir entonces, ante una reclamación justa por el atropello atroz cometido por el Estado venezolano en contra nuestra, es el mismo Estado quien se despacha y se da los vueltos, como se dice en criollo. ¿Esto es así realmente? No, creemos que no. Nosotros pensamos que el dictamen de la Procuraduría General de la República es vinculante con la decisión que al respecto deba tomar el Ministerio de Infraestructura y que es obligación del Minfra suministrarnos copia fiel y exacta de dicho DICTAMEN.

Es así, que llamamos la atención de las siguientes consideraciones; Ciertamente, de acuerdo a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional (Expedientes Nº 07-0068 y 07-0501 del año 2007) con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales. Este alto tribunal decidió la no vinculación del dictamen de la Procuraduría con el caso en cuestión en ocasión (Recurso de Interpretación de los Artículos 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Artículos 56 y 57 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) de una demanda contra la República en el caso Bandagro interpuesta por una empresa extranjera en un tribunal de los Estados unidos. Pero, deseamos hacer referencia a lo expresado por el Magistrado en el expediente en cuestión (Páginas 41-42 y 43), con relación a cuándo los dictámenes de la Procuraduría General de la República son vinculantes o no y si es obligatorio informar a la parte afectada o no. Considera el Magistrado que;

Precisado lo relativo a la interpretación del primer aparte del artículo 247 del Texto Fundamental, debe señalar esta Sala con respecto al contenido de las normas previstas en los artículos 56 y 57 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que las mismas se circunscriben a una hipótesis distinta a la norma constitucional anteriormente interpretada, habida cuenta que la primera versa sobre la actuación de la Procuraduría General de la República en el marco de la celebración de los “contratos de interés público nacional” y, en la segunda, su actuación se desarrolla en el contexto del “Procedimiento Administrativo previo a las acciones contra la República”.
Cabe señalar que en este segundo supuesto, y en total conformidad con lo expuesto supra, el pronunciamiento interno de la Procuraduría General de la República solo tendría carácter “vinculante”, si dicho dictamen se inserta dentro de un procedimiento administrativo especial regulado en el aludido Decreto Ley.
Dicho procedimiento comienza con la manifestación del interesado, expresando su interés en el cobro de una determinada cantidad de dinero ante el órgano que presuntamente ha incurrido en la falta de pago. Este órgano, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la consignación del escrito por parte del interesado, debe formar el expediente relativo al asunto, incluyendo los instrumentos relativos a la obligación, tales como: la fecha en que se causó, la certificación de la deuda, el acta de conciliación suscrita con el solicitante, la opinión jurídica respecto de la procedencia o no de la pretensión, además de otros documentos que se consideren indispensables. (Oficio DM/CJ/DGOPDRH/No. 2060, mencionado y subrayado nuestro).
Una vez concluida la sustanciación, al día hábil siguiente, dicho expediente debe ser remitido a la Procuraduría General República para que ésta, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, formule y remita su opinión jurídica respecto de la reclamación. Recibida la opinión de la Procuraduría, el órgano respectivo deberá notificar al interesado su decisión dentro de cinco (5) días hábiles. Finalmente, el interesado cuenta con diez (10) días hábiles siguientes a su notificación para informar al órgano administrativo si acoge o no la decisión que le fuere notificada; caso contrario, quedará facultado para acudir a la vía judicial.

Por otra parte, en el mismo expediente se hace énfasis en el espíritu axiológico de nuestra norma constitucional lo cual no puede ser soslayado. De tal forma, que es un principio legal y constitucional respaldado por suficiente jurisprudencia, que en las controversias laborales (que no son otra cosa que controversias sociales) privará el fondo sobre la forma. Es decir, se valorará más (entre otras cosas) el contenido social de la querella, que la misma querella en sí.

Por estas y otras razones que no es el caso mencionar en el presente escrito, es que exigimos al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, la inmediata instalación de la MESA DE NEGOCIACIONES, a fin de discutir y acordar el resarcimiento justo, equilibrado y satisfactorio del grave perjuicio que nos causó el Estado venezolano al despedirnos, sin ningún motivo ni base legal, de nuestros puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Puertos (INP) hace ya más de dieciséis (16) años. Y, haber extinguido la empresa portuaria sin tener un estudio previo, serio y social que sirviera de opción, ante el inminente crecimiento de la tasa de desempleo en el país y, especialmente, en las entidades donde funcionan los puertos nacionales.

REVERÓN

REVERÓN
Reverón se hizo famoso por sus muñecas de trapo. Las confeccionaba para tomarlas como modelos (Caled 2007)